El próximo martes, el Parlamento Europeo votará su mandato para negociar la nueva normativa europea sobre inversión minorista con los Estados miembros de la UE. La votación se celebrará porque los Socialistas y Demócratas han cuestionado el perjudicial mandato acordado por los conservadores y liberales, que aunaron fuerzas con la extrema derecha*.
El Grupo S&D disputa el mandato por ser excesivamente favorable a la industria y no proteger a los pequeños inversores, que debería ser la finalidad de esta nueva ley. En cambio, va en contra de los intereses de los consumidores y consumidoras y socava la unión de los mercados de capitales, algo que resulta inaceptable para nuestro Grupo.
Eero Heinäluoma, negociador del Grupo S&D sobre la legislación de la UE en materia de inversión minorista, ha declarado:
“Los europeos y europeas deberían poder ahorrar para su propia pensión, no para la de sus banqueros. Es por ello que los y las Socialistas y Demócratas se oponen al prejudicial acuerdo sobre las nuevas normas de inversión minorista negociado por los conservadores y liberales conjuntamente con la extrema derecha. Este acuerdo perjudicaría seriamente a los pequeños inversores y socavaría la unión de los mercados de capitales.
“La elección es sencilla: proteger a los inversores minoristas o ponerse del lado de la extrema derecha y defender los intereses de los banqueros. Instamos a los liberales y a los conservadores a hacer lo correcto y proteger a los consumidores y consumidoras, dar un ‘no’ rotundo a los conflictos de intereses en el asesoramiento financiero y ser fieles a su promesa de no colaborar con la extrema derecha”.
Jonás Fernández, portavoz del Grupo S&D de Asuntos Económicos y Monetarios, ha añadido:
“Los y las Socialistas y Demócratas llevan tiempo pidiendo unas normas de inversión minorista centradas en las personas a fin de garantizar la protección de los inversores minoristas cuando solicitan asesoramiento financiero para preservar los ahorros de toda una vida y guardar dinero para su jubilación o para días ‘de vacas flacas’.
“La nueva legislación sobre inversión minorista de la UE podría haber ofrecido la oportunidad de anteponer los intereses de la ciudadanía. Lamentablemente, el acuerdo final, negociado por los liberales en colaboración con la extrema derecha, no propiciará un cambio sustancial en las prácticas comerciales existentes. Se han descartado por completo incluso las leves mejoras que había propuesto la Comisión, como la prohibición parcial de los incentivos. Esto es inaceptable para nuestra familia política”**.
Notas para los redactores/as:
*En marzo, la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo adoptó el informe y el mandato sobre las nuevas normas de inversión minorista gracias a la mayoría obtenida por los conservadores y los liberales, que unieron fuerzas con la ultraderecha. A menos que sean impugnados por un mínimo de 71 eurodiputados y eurodiputadas, los resultados de la votación en la comisión pasan a constituir la posición del Parlamento. El Grupo S&D rebatió el mandato, de ahí la votación en el Pleno prevista para el próximo martes.
**En Europa, la mayoría de los asesores financieros reciben incentivos o “comisiones de venta” cuando recomiendan productos de inversión a los clientes, en lugar de cobrar unos honorarios iniciales transparentes por su asesoramiento. Esto conduce a un asesoramiento financiero sesgado, puesto que los asesores recomiendan aquellos productos que les reportan mayores pagos de comisiones.
Los Socialistas y Demócratas llevan tiempo abogando por una prohibición total del asesoramiento financiero sesgado, o una prohibición de los incentivos, como ya se ha hecho en los Países Bajos y el Reino Unido. Esta habría sido la medida más eficaz para acabar con los posibles conflictos de intereses, proteger a los pequeños inversores y garantizar que los mercados financieros estén de verdad al servicio de las personas. Es algo que también respalda la propia evaluación de impacto de la Comisión.
En mayo del año pasado, tras las grandes presiones recibidas por parte de la industria, la Comisión Europea propuso al menos una prohibición parcial de los incentivos en el caso de las ventas sin asesoramiento, lo que supondría el mínimo indispensable para mejorar el nocivo statu quo.
Sin embargo, la ponente liberal de este expediente, Stéphanie Yon-Courtin, apoyada por los conservadores y la extrema derecha, eliminó totalmente esta prohibición parcial del mandato del Parlamento y debilitó muchas otras salvaguardias que se habían introducido en la propuesta.
Incluso la comisaria responsable de la Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, que había presentado la correspondiente propuesta legislativa, expresó públicamente su decepción con el resultado en el Parlamento Europeo.
